Comunicado de la FAC sobre la Ley de Seguridad
Ciudadana.
- La reforma propuesta de la
Ley de Seguridad Ciudadana incrementa un 1.000% la cuantía de las multas
por tenencia y consumo de drogas.
- Se pretende conseguir
1.000 millones de euros extra a base de criminalizar a las personas
usuarias.
- La Federación de
Asociaciones Cannábicas (FAC) denuncia este impuesto de facto y reclama
que se dejen de perseguir la tenencia, consumo y autoproducción de
cannabis.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana anunciada por el ministro
de Interior incluye un espectacular aumento de la cuantía de las sanciones por
tenencia o consumo en lugares públicos de drogas ilícitas, cuyo importe mínimo
pasa de 300 a 3.000 euros. La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC)
considera que esta medida supone un nuevo paso en la criminalización de las
personas usuarias de sustancias psicoactivas, especialmente de cannabis, dado
que la inmensa mayoría de las 300.000 sanciones que se imponen al año son por
la tenencia o consumo de esta planta.
Es totalmente injustificable que el simple hecho de llevar un trozo de
hachís en el bolsillo o de fumar un porro con los amigos en un parque se
considere un atentado grave contra la seguridad ciudadana, pero es aún menos
justificable incrementar un 1.000% el importe de las sanciones, en plena crisis
y con millones de familias casi sin ingresos.
No tenemos muchas dudas acerca de la intención que subyace a esta
medida. El gobierno sabe que el uso de cannabis es una realidad social
arraigada y que las medidas represivas no sirven para disuadir a estas alturas
de un consumo que millones de personas consideran totalmente normal. Lo que se
persigue no es otra cosa que aumentar la recaudación, ya que si se cobraran las
300.000 sanciones anuales a partir de 3.000 euros cada una, se recaudarían unos
1.000 millones de euros extra, que sin duda ayudarían a tapar el agujero de
Bankia.
El uso de cannabis por parte de personas adultas es una conducta
absolutamente normal, legítima y aceptada con normalidad por la mayoría de la
población, y no se justifica que se mantenga en vigor una norma, nacida en
plena histeria colectiva por la extensión de la heroína en las calles y por el
abandono de jeringuillas, para tratar como delincuentes e imponer sanciones
claramente desproporcionadas y abusivas a personas que no causan ningún daño a
sus conciudadanos.
El consumo y tenencia de drogas ilícitas está claramente despenalizado
en la jurisprudencia española, pero los diferentes gobiernos se han negado
hasta el momento a regular, tal y como sucede en cada vez más países europeos y
del resto del mundo, las cantidades que se pueden almacenar, cultivar o llevar
encima con destino al uso personal. Esto provoca una enorme inseguridad
jurídica y un gigantesco gasto represivo que, curiosamente, no parece sufrir
los recortes con la misma intensidad que el resto del gasto público.
Reclamamos que de una vez se regulen la tenencia, cultivo y consumo de
cannabis y de otras sustancias psicoactivas, dejando de perseguirlos, sea por
vía penal o administrativa. Rechazamos que se use la Ley de Seguridad Ciudadana
para imponer un impuesto de facto a las personas consumidoras de sustancias
consideradas ilícitas sin reconocerles a cambio ningún derecho. Asimismo,
denunciamos el giro represivo que se pretende dar a dicha ley con el fin de
disuadir a quienes intenten protestar por la crisis y por las numerosas
injusticias presentes en nuestra sociedad.
